La Comisión Especial que analiza la concesión del servicio eléctrico recibió a Ignacio Aramburu y al asesor letrado de Coopelectric en un contexto en el que la propia cooperativa ya demandó al Municipio para que la Justicia “le convalide” la vigencia del contrato. Es decir: mientras discute con los concejales, la cooperativa ya judicializó el tema para forzar que un juez legitime una concesión que el Ejecutivo considera terminada.
En la mesa del Concejo, los representantes de Coopelectric volvieron a apoyarse en una resolución provincial para justificar que el contrato sigue “extendido”, pero debieron admitir que nunca obtuvieron la prórroga formal por parte de la Municipalidad, un requisito básico en cualquier concesión de servicio público. En los hechos, la cooperativa explotaría un servicio esencial con una concesión vencida, amparada en una interpretación unilateral y en una demanda de certeza que busca que la Justicia haga lo que la política local no quiso firmar: refrendar la continuidad del contrato.
Aun en ese escenario, Aramburu se sentó a defender la “cuota capital”, un cargo extra en las facturas que presentó como “mecanismo alternativo” para tapar un déficit operativo de unos 600 millones de pesos mensuales, producto de años de falta de adecuación tarifaria y del desfinanciamiento del Fondo de Compensación provincial. Traducido: una cooperativa que litiga para sostener una concesión vencida y que admite no poder hacer obras estructurales, les traslada a los usuarios el costo de un agujero económico que mezcla responsabilidades provinciales, municipales y propias.
Del lado político, los concejales presentes dejaron que la cooperativa exponga su libreto, con preguntas formales pero sin interpelaciones a la altura del conflicto que atraviesa a miles de usuarios: quién garantiza hoy la legalidad del contrato, qué pasa si la Justicia convalida la postura del Municipio y qué impacto real tiene la “cuota capital” en las familias que ya no pueden pagar la luz. La Comisión Especial se convirtió así en un ámbito donde se acumula información, pero todavía no aparecen con claridad las decisiones de fondo que marquen límites a una concesionaria que discute la caducidad del contrato…
En ese cuadro, el dato político más filoso fue la ausencia del delegado de la cooperativa, Jorge Cataldi, hombre del oficialismo dentro de Coopelectric, que “se ausentó sin aviso” justo en la reunión donde se ponía bajo la lupa la continuidad de la concesión y el cobro de la “cuota capital”. El faltazo de Cataldi dejó sin voz al principal articulador entre el Municipio y la cooperativa, profundizó la sensación de impunidad política alrededor del manejo del servicio eléctrico y reforzó la idea de que, aún en medio de una crisis de legitimidad, nadie quiere hacerse cargo de dar explicaciones de cara a la gente.
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