A través de la dirección de Personas Adultas y Mayores del Ministerio de Salud, desde el año 2020 se está trabajando en un proyecto de ley para avanzar en la formulación de una norma nacional que brinde condiciones generales de funcionamiento para los establecimientos geriátricos desde una perspectiva de derechos humanos.
Adriana Capuano, directora de Personas Adultas y Mayores del Ministerio de Salud, explicó que, según datos oficiales, más del 50% de las residencias para adultos mayores no cuentan con las habilitaciones correspondientes y consecuentemente no están fiscalizadas:
“En Argentina no existe un marco regulatorio, a nivel nacional, que garantice el acceso de calidad a este tipo de residencias para personas mayores. Cada provincia de forma individual tiene normativas, resoluciones e incluso ordenanzas, así que comenzamos a trabajar en lo que primero va a ser una resolución de índole ministerial y luego en el anteproyecto” manifestó.
“Estamos haciendo un trabajo consensuado con los referentes de personas mayores de todo el país, distintos organismos, organizaciones y cámaras argentinas de residencias” explicó.
En esta misma línea, agregó que las fiscalizaciones hacen hincapié en las condiciones edilicias de las residencias y en el personal que allí trabaja, pero “nunca se ha fiscalizado cómo están las personas mayores, cuáles son sus deseos, dónde está el consentimiento informado de que la persona decide ir a vivir ahí y el día que se quiera ir encuentren otros dispositivos para que no sea obligatorio. Las residencias no pueden ser, de ninguna manera, un contexto de encierro. Por eso nos proponemos modificar estas cuestiones”, detalló.