La polémica sobre la Junta Municipal de Discapacidad ya no puede esconderse bajo la alfombra. En 2025, el programa “Y usted qué opina”, con Mario Sosa por Cadena 103, expuso lo que muchos sospechaban: posibles manejos discrecionales en la evaluacion para la entrega de certificados de discapacidad.
La entrevista a la Dra. Andrea Chiodi fue el punto de quiebre. Sus denuncias hablaron de privilegios para familiares de funcionarios políticos —entre ellos María Alejandra Gamberini y Ramiro Borzi— en un sistema que debería garantizar igualdad, no favoritismos.
El caso Chiodi llegó a los medios nacionales como el canal Todo Noticias y a Radio Rivadavia con el reconocido periodista Nelson Castro.
Pero lo más grave no fue solo lo denunciado, sino la reacción: suspensión y un intento de desplazar a quien se animó a hablar. Un mensaje claro y preocupante: cuando se exponen irregularidades, las consecuencias parecen recaer más sobre quien denuncia que sobre los hechos denunciados.
Ahora, la Justicia empieza a intervenir. La causa iniciada por la profesional busca no solo reparar su situación, sino también poner bajo la lupa el funcionamiento de un organismo clave para sectores vulnerables.
La pregunta es inevitable: ¿cuántos casos más quedaron en silencio? Y, sobre todo, ¿quién controla a quienes deberían garantizar derechos?
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