En el Concejo Deliberante de Olavarría se formalizó un pedido con más de 1200 firmas exigiendo la reincorporación de la Dra. Andrea Chiodi, médica desplazada meses atrás del área municipal de Discapacidad. El reclamo, liderado por un grupo de madres usuarias del sistema público, pone en evidencia la preocupación social frente a una decisión política que, según expresan, deja sin una figura clave a las familias que dependen de la atención municipal en discapacidad.
La situación de Chiodi cobra relevancia porque fue quien denunció presuntas irregularidades en la emisión de certificados de discapacidad; estas denuncias derivaron en una auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Si bien, según versiones periodísticas, el informe oficial habría concluido que no se constataron irregularidades, el Municipio nunca transparentó el documento públicamente ni brindó explicaciones estructurales, y la respuesta institucional fue el apartamiento de la médica de su función en la junta evaluadora.
El pedido de reinstalación –también ingresado en la Secretaría de Desarrollo Social y ante el intendente Wesner– destaca la trayectoria y la calidad humana de Chiodi. Las familias remarcan que su empatía, conocimientos y dedicación fueron determinantes en acompañamientos médicos y sociales complejos. Afirman: “su trabajo no puede ser borrado ni denigrado”, exigiendo justicia y reparación institucional. Este caso expone el modo en que la gestión de derechos de personas con discapacidad requiere de transparencia, controles externos efectivos y priorización de vínculos profesionales honestos. La ola de firmas representa una demanda colectiva por una administración ética, empática y participativa en políticas públicas sensibles.
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