Un grupo de madres reunió cerca de 900 firmas solicitando la reincorporación de la Dra. Andrea Chiodi a la Junta Evaluadora de Discapacidad. Este acto ciudadano no solo refleja el apoyo a una profesional valorada, sino también la profunda preocupación de las familias ante la suspensión de una especialista que, durante años, brindó respuestas y acompañamiento a pacientes y familiares con una marcada empatía y sensibilidad.
El caso de la Dra. Chiodi pone en evidencia una tensión entre decisiones administrativas y la realidad social de quienes dependen de políticas inclusivas y personal capacitado. Su trayectoria es reconocida por la comunidad, que destaca su capacidad técnica y su cercanía humana, en un escenario donde las familias demandan no solo diagnósticos, sino escucha y contención.
La movilización de casi 900 firmas entregadas en Desarrollo Social y formalmente puestas en conocimiento del Intendente, abre también un interrogante sobre el vínculo entre gestión municipal, discapacidad y derechos ciudadanos. ¿Qué lugar ocupa la voz de los afectados directos en las decisiones políticas? ¿Qué valor se otorga a los profesionales que sostienen con experiencia práctica las políticas de inclusión?
Lo que hoy reclaman las familias no es solo la reincorporación de una médica, sino la continuidad de una mirada profesional que ha sabido estar al servicio de los más vulnerables. En esa demanda se condensa una crítica social: la burocracia no debería desconocer ni marginar la experiencia concreta de quienes acompañan, con humanidad, a las personas con discapacidad.
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