De los 73 geriátricos que operarían en Olavarría, solo uno está habilitado: el de las Damas Vicentinas. Esa cifra no es un dato administrativo sino un síntoma de colapso regulatorio que ningún funcionario quiso nombrar hasta que dos abuelos murieron en un incendio y 37 resultaron heridos. El intendente municipal, en su rol de gestor de crisis, endilgó la responsabilidad a la provincia: «El geriátrico lo habilita el Ministerio de Salud provincial, nosotros acompañamos». Es un argumento cómodo que convierte la tragedia en un problema de otros, cuando en realidad la negligencia es compartida y la omisión es sistémica.
Mientras ambos niveles de gobierno juegan al ping-pong de las culpas, 72 instituciones funcionan sin habilitación formal, operadas por personas que tal vez tengan buenas intenciones pero carecen de la obligación legal de cumplir con seguridad edilicia, capacitación de personal, protocolos de evacuación y materiales ignífugos. Esos lugares albergan a cientos de adultos mayores que entregan su vulnerabilidad, sus ahorros y sus vidas a un sistema que los considera gasto social, no inversión en dignidad. El futuro es incierto porque la arquitectura de responsabilidades está rota: provincia dice que habilita pero no audita; municipio dice que acompaña pero no fiscaliza; la justicia investigará la causa pero nunca tocará las estructuras profundas.
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