La resolución se deriva del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 302/2024, que anuló el anterior DNU 690/2020. Este último había declarado a los servicios de telecomunicaciones e Internet como “servicios públicos esenciales y estratégicos”, imponiendo límites a los aumentos tarifarios. Con la nueva disposición, el mercado vuelve a un modelo de competencia libre, lo cual, según el Enacom, es necesario para «salvaguardar las reglas que permitan el desarrollo de un mercado en competencia».
El organismo, actualmente intervenido, justificó la medida argumentando que permitir a las empresas establecer sus propios precios es fundamental para el desarrollo y crecimiento del sector. La resolución ha sido publicada en el Boletín Oficial, entrando en vigencia de inmediato.
Según la Procuración del Tesoro de la Nación, el cambio en el ordenamiento jurídico invalida el DNU anterior sin extinguirlo completamente, lo cual hizo necesaria la emisión de una nueva resolución para formalizar su extinción. La nueva regulación pretende corregir lo que consideran una modificación esencial al marco jurídico del sector, favoreciendo así la competencia y la libre fijación de precios.
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