La decisión fue justificada por el Ministerio de Justicia como una respuesta a la «ineficiencia» y el «gasto excesivo» que representaban estos centros para los contribuyentes. Según Cúneo Libarona, la auditoría interna reveló un sobredimensionamiento de recursos y una significativa ineficacia en la obtención de resultados. Además, se criticó la actuación política ajena a sus funciones y la duplicación de servicios ya ofrecidos por otras dependencias públicas.
Los CAJ han sido cruciales para brindar atención legal primaria, alcanzando a más de 340,000 personas y registrando 623,782 consultas entre enero de 2020 y octubre de 2023. Con el cierre de estas oficinas, las comunidades vulnerables perderán un recurso esencial para el acceso a la justicia. En la provincia de Buenos Aires, donde se concentra la mayoría de estos centros, localidades como Olavarría, Dolores, Junín y Mar del Plata se verán directamente afectadas.
La resolución indica que el Ministerio de Justicia implementará un nuevo sistema de acceso a la justicia que priorizará canales no presenciales, como las líneas telefónicas y el correo electrónico, sin generar costos adicionales.
“El Ministerio de Justicia informa que, como resultado de una auditoría interna, se cerrarán 81 Centros de Acceso a la Justicia que brindaban de manera ineficiente servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias,” se lee en el comunicado oficial. La cartera de Justicia sostiene que estos centros le costaban al país más de 8 mil millones de pesos anuales, un gasto que consideran insostenible en la actual etapa económica.
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