El caso que llevó a esta decisión involucraba a un ex funcionario municipal de Tandil, condenado en un juicio abreviado a tres años de prisión efectiva y una inhabilitación especial de cinco años para conducir, tras haber atropellado y matado a un joven en Tandil. La Cámara de Azul, presidida por el doctor Carlos Paulino Pagliere (h), declaró la inconstitucionalidad del artículo que impide a las víctimas oponerse a los acuerdos de juicio abreviado.
Pagliere argumentó que el artículo 402 del Código Procesal Penal era inconstitucional porque vulneraba principios y garantías constitucionales al excluir a las víctimas del proceso de juicio abreviado, considerándolo una restricción arbitraria y un «callejón sin salida» para los derechos de las víctimas. Destacó la evolución del derecho de las víctimas, especialmente tras la sanción de la ley 15.232.
El Fiscal General Marcelo Sobrino apeló esta decisión, alegando que la Cámara se atribuyó facultades legislativas al declarar inconstitucional el artículo 402 y anular la sentencia, causando «gravedad institucional». La Suprema Corte, en su sentencia, señaló que la Cámara se apartó de la controversia jurídica y decidió modificar el Código Procesal Penal sin fundamentos aptos para demostrar una contradicción constitucional.
La doctora Hilda Kogan, de la Suprema Corte, afirmó que la Cámara no respetó la doctrina arraigada que sostiene que declarar la inconstitucionalidad de las leyes es una función delicada, y el doctor Daniel Soria añadió que la decisión se tomó de manera sorpresiva y sin una demostración cabal de la inconstitucionalidad del artículo.
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