Según un comunicado de la Municipalidad, representantes en la Provincia de Buenos Aires de la Agencia de Discapacidad (ANDIS) avalaron lo actuado virtualmente por la Junta de Discapacidad municipal con la resolución 106/20, la que caducó un año después de entrada en vigencia, durante la pandemia. Sin comunicado oficial de ANDIS ni mencionando el nombre y apellido de los responsables de la auditoría, el gobierno municipal reconoce la realización en forma virtual de certificados de discapacidad a familiares de funcionarios, respaldándolos en dicha normativa vencida en 2021.
Según la doctora denunciante Andrea Chiodi en Olavarría desde hace 4 años no se hicieron más evaluaciones por videollamada, a excepción de estos dos casos de familiares de la funcionaria municipal y del funcionario provincial, realizados en este año. Pareciera que los tentáculos de la política pretenden ocultar lo inevitable.
Ahora surge una pregunta, igual de ineludible, a partir de ahora, ¿todas las personas con discapacidad de Olavarría podrán ser evaluados por videollamada, como los familiares de los funcionarios?
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