Javier Milei elimina el cobro de derechos de autor en reproducciones privadas: Impacto en SADAIC y el sector turístico

Javier Milei elimina el cobro de derechos de autor en reproducciones privadas: Impacto en SADAIC y el sector turístico

El presidente Javier Milei ha implementado un cambio significativo en la normativa sobre derechos de autor, desregulando el cobro de estos derechos por la reproducción de música, películas y otras obras artísticas en ámbitos privados. Este cambio, oficializado a través del decreto 765/2024, redefine lo que se considera “representación o ejecución pública” de las obras, limitando el cobro de derechos solo a aquellas que se reproduzcan en espacios de acceso público, libre y dirigido a una pluralidad de personas.

La medida afecta directamente a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC), que tradicionalmente ha recaudado estos derechos en nombre de los artistas. Según Milei, esta desregulación busca reducir costos en sectores como el turismo y la hotelería, que anteriormente debían pagar por la música y películas reproducidas en sus instalaciones, encareciendo sus servicios.

El decreto especifica que no se considerará “representación o ejecución pública” la reproducción de obras en ámbitos privados, sean de ocupación permanente o temporal, lo que incluye habitaciones de hotel, consultorios médicos, peluquerías, y otros espacios similares. La modificación ha sido recibida con controversia, especialmente por la SADAIC, que podría perder una fuente significativa de ingresos.

En contraste, algunos sectores han celebrado la medida como un avance hacia la reducción de costos operativos y la simplificación de regulaciones. Además, la nueva normativa podría favorecer a quienes promueven el “copy left”, ya que refuerza la validez de las licencias de uso libre como Creative Commons, permitiendo que las obras bajo estas licencias se reproduzcan sin necesidad de pagar derechos a entidades como SADAIC.

Este cambio plantea un escenario nuevo en la gestión de derechos de autor en Argentina, con un impacto directo en la industria cultural, el turismo, y otros sectores económicos que utilizan obras protegidas por propiedad intelectual.

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