Crece el escándalo por la venta ilegal de terrenos en Olavarría: fuertes cruces políticos y más de 100 denuncias
La polémica por la venta ilegal de terrenos en Olavarría sigue sumando capítulos y tensiones en el ámbito político local. En una reciente sesión del Concejo Deliberante, el concejal Federico Aguilera lanzó duras acusaciones contra funcionarios de la gestión anterior, señalando vínculos directos entre ex funcionarios y los principales involucrados en la causa judicial que investiga estafas reiteradas a vecinos de la ciudad.
Aguilera criticó con dureza a quienes “hablan de transparencia” desde el espacio político del ex intendente Ezequiel Galli. Recordó que Mariano Ciancio, uno de los principales apuntados en la investigación y ex asesor municipal, mantiene “un fuerte vínculo” con el concejal Hilario Galli. Además, denunció que el propio Galli identificó en un audio a otros implicados en maniobras irregulares y nunca lo denunció ante la justicia.
El concejal del Frente de Todos también cuestionó el silencio y la falta de explicaciones sobre otros hechos de corrupción, como el escándalo de la tarjeta Cabal y la supuesta investigación interna que, según la justicia, nunca fue presentada formalmente. “Lo que me indigna es escucharlos hablar de transparencia, precisamente a quienes fueron escandalosamente corruptos en Olavarría y que la gente lo sabe”, disparó Aguilera, y remarcó que la venta ilegal de terrenos dejó a decenas de familias con problemas legales y patrimoniales, especialmente en el caso del fideicomiso Los Palmares, un loteo de casi 900 terrenos firmado por Galli dos semanas antes de dejar la intendencia.
Por su parte, el concejal Hilario Galli defendió la actuación del gobierno anterior y negó que se tratara de una gestión corrupta. “Si él es culpable de lo que hizo, tendrá que pagar en la justicia. Nosotros no lo vamos a juzgar, no lo hicimos en ese momento, no lo vamos a hacer después tampoco”, afirmó sobre Ciancio y otros funcionarios señalados. Galli aseguró que en cada caso se apartó al funcionario, se inició un sumario administrativo y se elevó a la justicia para que determine responsabilidades.
La causa judicial, que ya suma más de un centenar de denuncias de vecinos damnificados, investiga un entramado de estafas que involucra a referentes barriales, ex funcionarios y hasta personal de la Oficina de Catastro municipal. Los testimonios y pruebas recabadas por la fiscalía apuntan a una operatoria sistemática de venta de terrenos con documentación apócrifa, promesas de escrituración y hasta la intervención de escribanías y cooperativas de servicios para dar apariencia de legalidad a las maniobras.
El escándalo, que ya motivó la conformación de una Comisión Especial Investigadora en el Concejo Deliberante, mantiene en vilo a la comunidad y pone bajo la lupa la transparencia y el control en la administración de tierras públicas y privadas en Olavarría. Mientras tanto, las familias afectadas siguen esperando respuestas y soluciones concretas a una problemática que, lejos de resolverse, sigue creciendo en dimensión y gravedad