El pasado 30 de julio de 2025, en el programa Y Usted Qué Opina de Cadena 103, la médica Andrea Beatriz Chiodi, integrante de la Junta Evaluadora de Discapacidad, reveló de manera detallada las irregularidades en el otorgamiento de Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) que involucran a familiares de dos funcionarios públicos de la ciudad de Olavarría. Su relato expone un entramado de omisiones y vulneraciones graves al protocolo, que ponen en entredicho la transparencia y la equidad en un área sensible para la garantía de derechos.
Chiodi, con una trayectoria de aproximadamente 10 años en distintas juntas evaluadoras y especializada en Medicina Física, Rehabilitación y Discapacidad, describió minuciosamente el proceso que llevó a denunciar a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) cómo dos CUD fueron otorgados sin la presencia física requerida de los evaluados ante la Junta, un requisito inexcusable según la normativa vigente post pandemia (la cual sólo contempla excepciones en casos extremos). Así mismo, se detectó la presentación de documentos médicos con antigüedad superior a la permitida —más de dos años— y firmas incompletas de los equipos interdisciplinarios indispensables para validar la certificación.
La médica destacó además la dilación y falta de respuesta ante sus repetidas solicitudes de informes actualizados para completar los expedientes, lo que generó que la evaluación y otorgamiento se hicieran a distancia y sin los controles normativos adecuados. El más grave, según denunció, es que estos procesos habrían beneficiado a familiares directos de funcionarios municipales y provinciales, situación que no sólo vulnera el principio de igualdad y justicia para quienes deben atravesar largos trámites, sino que también compromete la credibilidad del sistema de discapacidad local.
Chiodi precisó que, desde su llegada a la gestión, constató un sistema que en anteriores administraciones funcionaba con irregularidades estructurales, como la conformación incompleta de las juntas evaluadoras y la falta de firmas de profesionales indicados en los protocolos. Consignó que, en una profunda autocrítica, ha impulsado reevaluaciones de alrededor de 300 certificados que habían sido otorgados sin respetar los parámetros mínimos.
En el relato también emergió la resistencia que enfrentó internamente: tensiones laborales derivadas de su firme postura ética y profesional, que incluso desembocaron en intentos por descalificar su figura a través de cuestionamientos infundados sobre su estabilidad emocional y su credibilidad.
Esta denuncia va más allá de un episodio puntual. Es un llamado urgente a la revisión profunda de las prácticas administrativas en el área de discapacidad y a reforzar el control institucional para asegurar que la emisión de derechos esenciales se produzca bajo criterios de transparencia, mérito y respeto. Además, pone en evidencia la necesidad de proteger a quienes con valentía asumen la responsabilidad de denunciar situaciones irregulares, sin que ello implique represalias o aislamiento laboral.
La controversia ha tomado relevancia pública y requiere no sólo que se esclarezca cada hecho con contundencia, sino que se produzcan cambios estructurales para que el acceso a certificaciones y beneficios no dependa de variables ajenas a la justicia social.
El caso narrado por Andrea Chiodi revela graves fisuras en un sistema que sirve de puerta de acceso a derechos fundamentales para personas con discapacidad. El otorgamiento irregular de CUD representaría una doble afrenta: por un lado, la vulneración de procesos legales y técnicos de evaluación interdisciplinaria obligatoria; por otro, el daño a la confianza pública en la justicia y equidad de las políticas sociales.
La preferencia por funcionarios o sus familiares no sólo resquebraja el tejido institucional, sino que afecta a cientos de ciudadanos que viven con discapacidad y deben cumplir rigurosos requerimientos para obtener el certificado. Además, la práctica irregular pone en entredicho la ética profesional y la sustentabilidad de políticas inclusivas genuinas.
La respuesta local, donde se ha intentado descalificar a la denunciante y minimizar la denuncia, representa un síntoma preocupante de la resistencia al control y la transparencia. De ningún modo la política debe silenciar a quienes promueven la legalidad y la equidad, sino más bien respaldarlos.
El caso resulta emblemático para instar a la revisión de procedimientos, a fortalecer la supervisión estatal —especialmente por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad— y a garantizar ambientes laborales libres de represalias para profesionales comprometidos con la verdad y la justicia social.