La denuncia por abuso sexual en el campo “Los Gatos”, propiedad de la familia Galli, dejó al desnudo algo más que un hecho aberrante: mostró cómo parte del poder local elige atacar a la prensa antes que ponerse del lado de la víctima. Mientras medios difundieron datos del expediente, la reacción del ex intendente Ezequiel Galli y del concejal Hilario Galli fue hablar de “operaciones mediáticas” y negar vínculos con el principal imputado, en lugar de expresar empatía con la víctima, garantizar colaboración con la Justicia y reconocer la gravedad de lo ocurrido.
Los documentos judiciales y las notas periodísticas revelarían otra cosa: los supuestos violadores no eran extraños que pasaban por ahí, sino hombres que vivían y frecuentaban la “Casa Hilario Galli”, invitados habituales a reuniones y asados, con fotos que los muestran compartiendo eventos con los dueños del campo. Uno de ellos es titular de una empresa proveedora del Municipio, adjudicataria de obras durante la gestión de Galli, incluso trabajos en establecimientos educativos que el propio ex intendente inauguró públicamente, lo que evidencia una relación económica y política mucho más estrecha que la que se intenta admitir en redes sociales.
El foco, sin embargo, debería estar en la víctima: una joven de 20 años que denunció haber sido abusada sexualmente en la “Casa Hilario Galli”, en un contexto donde se encontraban otros hombres y sus hermanas menores de edad, y cuyo hermano tuvo que irrumpir en el lugar para rescatarla en medio de una escena de violencia, heridas, sangre y una camioneta retirada del campo y dejada luego en la Policía. Frente a ese cuadro, minimizar lo sucedido, correr la discusión hacia el “daño a la imagen” y desacreditar a los medios es una forma de revictimización simbólica: el mensaje implícito es que lo importante no es qué le pasó a la joven, sino cómo queda parado el apellido Galli.
Hoy lunes, con la reapertura plena de la actividad judicial tras la feria, todas las miradas apuntan a la fiscal Mariela Viceconte y a los pasos que dará la causa caratulada como “abuso sexual con acceso carnal”, “lesiones graves y leves” y “hurto de automotor”. La fiscal ya confirmó que el expediente se encuentra en “plena etapa investigativa”, con pericias, testimonios y pruebas en curso, y será clave saber si se profundizará sobre el rol de los dueños de la propiedad, los vínculos con los imputados y el circuito de contrataciones públicas que los une al Municipio. Porque en un caso así, la verdadera discusión no es si hay “operaciones mediáticas”, sino si hay una Justicia capaz de llegar al fondo, proteger a la víctima y demostrar que ni los amigos del poder, ni los proveedores del Estado, ni los apellidos fuertes están por encima de la ley.
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