El proyecto busca declarar la educación como un «servicio estratégico esencial», una categoría que limitaría la realización de huelgas docentes. Finocchiaro, exministro de Educación bajo las administraciones de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri, argumenta que su objetivo es frenar lo que denomina «paros políticos», haciendo referencia a las huelgas convocadas por Ctera, que, según él, responden más a intereses políticos que sindicales.
De acuerdo con la propuesta, durante los dos primeros días de huelga, el 30% del personal de la escuela estaría obligado a permanecer en sus puestos para garantizar la continuidad de las clases. Si la huelga se extiende, este porcentaje aumentaría al 50%. Así, aunque se permitiría la protesta, se establecerían condiciones estrictas para su realización.
El proyecto también incluye una disposición que obliga a los equipos de conducción de las escuelas a informar, a principios de cada año, sobre la nómina del personal docente y no docente que deberá cumplir con esta medida. Esta planificación anticipada busca evitar la interrupción total del servicio educativo durante las huelgas.
La iniciativa ha generado un rechazo considerable entre los gremios docentes, quienes sostienen que la medida busca restringir el derecho a huelga, un derecho fundamental para la defensa de los intereses laborales.
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