En tiempos de ajuste económico, cada peso gastado debe ser escrutado minuciosamente. Pedir transparencia en el manejo de los fondos no significa ir en contra de las universidades, sino más bien velar por el uso responsable de los recursos. La autonomía universitaria es un principio valioso, pero no puede ser escudo para encubrir una gestión financiera poco clara.
Es innegable que de las universidades públicas egresan profesionales de alta calidad. Sin embargo, también es verdad que en ocasiones se financian campañas políticas y se nombran militantes en cargos administrativos. La falta de controles adecuados también crea un terreno fértil para actos de corrupción.
Es hora de que tanto las universidades como el gobierno se comprometan en un diálogo constructivo y transparente, buscando el equilibrio entre la autonomía institucional y la rendición de cuentas.
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