Según la denuncia, Pérsico habría canalizado la asombrosa suma de $473 millones a estas cooperativas en las que tenía participación, actuando en una clara situación de conflicto de intereses. La acusación señala una presunta irregularidad en el manejo de recursos públicos, generando un revuelo en la comunidad.
Esta revelación pone en entredicho la integridad de los funcionarios y plantea serias interrogantes sobre la transparencia en la gestión de fondos estatales destinados a programas sociales y cooperativas.
La comunidad espera con ansias el resultado de la investigación y exige claridad y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.
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